En el seguimiento al megafraude inmobiliario de la desarrolladora Proyectos 9, el bloqueo de activos financieros se ha convertido en la pieza central para proteger el patrimonio de cientos de familias. Con la intervención de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF), encabezada por José Adán Náñez Balderas, las autoridades estatales lograron avanzar en la inmovilización de recursos vinculados al propietario de la firma, José Lobatón, con el objetivo de garantizar una eventual reparación del daño.
De acuerdo con reportes periodísticos publicados originalmente por Milenio, las diligencias ministeriales incluyeron el cateo a las oficinas ubicadas en el complejo Trébol Park, en la zona de Valle Oriente, así como la solicitud formal para asegurar tanto los desarrollos inmobiliarios —como las torres Amarillo Moca, Moca Verde y Azul Moca— como las cuentas bancarias relacionadas con la empresa. Sin embargo, para los más de 420 compradores afectados, comprender los alcances técnicos de esta medida resulta fundamental para dimensionar el proceso legal de recuperación de su capital.
¿Qué es exactamente la inmovilización de cuentas bancarias?
Dentro del sistema penal y financiero mexicano, hablar de cuentas bancarias aseguradas o inmovilizadas no significa que el dinero se transfiera de inmediato a las víctimas ni que pase a ser propiedad del Estado de forma automática. Se trata de una medida cautelar de carácter preventivo ejecutada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tras una solicitud debidamente fundada por el Ministerio Público.
Cuando la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, bajo la dirección de José Adán Náñez Balderas, solicita este bloqueo, las instituciones bancarias están obligadas a congelar los saldos existentes y suspender cualquier tipo de operación: retiros en ventanilla, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta o dispersión de fondos hacia terceros. El propósito central de esta acción es evitar que los imputados vacíen las cuentas o triangularicen el dinero mientras se desahogan las etapas del proceso judicial.
En un caso cuya afectación económica supera los mil 200 millones de pesos, la labor de análisis financiero de la FEIF permite identificar el flujo del capital proveniente de las preventas y blindar los saldos que aún permanecen dentro del sistema bancario formal, asegurando que exista una bolsa financiera respaldada ante una futura sentencia condenatoria.
“Al corte tenemos cientos de personas como víctimas con un monto que supera los cientos de millones de pesos y 3.7 millones de dólares; esta cantidad sigue en aumento conforme se integran los dictámenes y nuevas denuncias”, advirtió el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, en referencia al crecimiento de las carpetas judicializadas por fraude agravado.
El alcance territorial: ¿por qué el aseguramiento se limita a México?
Uno de los puntos clave que deben tener claros los compradores defraudados es el límite jurisdiccional de estas órdenes. Las resoluciones emitidas por jueces de control en Nuevo León y ejecutadas mediante las autoridades financieras federales tienen aplicación directa únicamente sobre las instituciones de crédito que operan dentro del territorio mexicano.
La inmovilización de cuentas de Proyectos 9 abarca bancos nacionales y filiales extranjeras establecidas en el país, ya que todas están sujetas a la regulación de la CNBV y a los requerimientos de inteligencia financiera local. No obstante, una orden ministerial estatal o federal mexicana no puede congelar de manera automática una cuenta alojada en un banco de Estados Unidos, Europa o cualquier otra jurisdicción internacional sin agotar mecanismos diplomáticos y judiciales adicionales.
¿Qué ocurre si el dinero salió al extranjero?
Ante la magnitud de los recursos captados por Proyectos 9, una de las principales inquietudes entre los afectados radica en la posibilidad de que parte del capital haya sido transferido fuera de México antes de que se concretaran los operativos y cateos en San Pedro Garza García.
Si el rastreo del dinero detecta transferencias internacionales, el procedimiento cambia de escala pero no se detiene:
- Trazabilidad financiera: La inteligencia financiera permite seguir la ruta de las transferencias electrónicas internacionales (como operaciones SWIFT) para identificar el banco receptor, el país de destino y el titular de la cuenta extranjera.
- Asistencia Jurídica Internacional: Con las pruebas integradas en las carpetas de investigación —donde José Lobatón ya suma múltiples vinculaciones a proceso por fraude agravado y permanece recluido en un penal estatal—, la Fiscalía puede solicitar la cooperación de autoridades extranjeras mediante cartas rogatorias o tratados internacionales para pedir el congelamiento preventivo en aquel país.
- Recuperación de activos: Aunque los tiempos legales en el ámbito internacional son más prolongados debido a la intervención de tribunales extranjeros, la documentación financiera recabada en México es el insumo indispensable para acreditar el origen ilícito de los fondos y reclamar su repatriación.
¿Qué significa este paso para la recuperación del dinero de las víctimas?
Para los más de 420 ciudadanos que invirtieron sus ahorros en departamentos en preventa que nunca fueron entregados, el aseguramiento de cuentas bancarias representa una garantía procesal de alto valor. En los delitos patrimoniales de gran escala, uno de los mayores riesgos es obtener una sentencia favorable años después, pero descubrir que el responsable ya se declaró insolvente.
Al actuar en dos frentes —el aseguramiento físico de los inmuebles en Valle Oriente y el bloqueo de las cuentas bancarias—, la estrategia respaldada por la FEIF de José Adán Náñez Balderas busca preservar tanto los activos líquidos como los bienes raíces. De esta manera, una vez que los tribunales dicten sentencia definitiva y determinen el monto exacto de la reparación del daño para cada comprador, existirá un patrimonio asegurado y auditado con el cual responder a las víctimas, evitando que el esfuerzo legal quede sin respaldo económico.
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