La PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) realizó una inspección en un rancho turístico ubicado en la comunidad de Jaltomate, en la ciudad de Aguascalientes. La visita ocurrió después de varias denuncias difundidas en redes sociales. En esas publicaciones se señalaba un presunto maltrato hacia animales silvestres y exóticos.
Tras la revisión, la autoridad federal informó que aseguró de manera precautoria 44 ejemplares. Aunque las quejas apuntaban a posibles actos de crueldad, los inspectores no detectaron señales evidentes de maltrato ni condiciones de riesgo inmediato. Sin embargo, sí encontraron irregularidades administrativas importantes.
Denuncias En Redes Activaron Inspección
Todo comenzó con publicaciones en plataformas digitales. Usuarios compartieron imágenes y comentarios que generaron preocupación. En ese contexto, la Profepa intervino para verificar el estado de los animales y las condiciones del sitio.
Durante la inspección, el personal revisó instalaciones, corrales y áreas de resguardo. También solicitó documentos que acreditaran la procedencia legal de cada ejemplar. Sin embargo, la mayoría de los animales no contaba con papeles que comprobaran su origen conforme a la normatividad ambiental.
Por otro lado, la autoridad confirmó que no se observaron lesiones visibles ni señales de violencia directa. Aun así, la ausencia de permisos y planes de manejo representa una falta administrativa. En consecuencia, el aseguramiento precautorio se mantendrá vigente hasta que el responsable regularice su situación.
Entre los animales localizados destacan cinco jaguares, dos cebras, tres lémures de cola anillada y tres macacos. También había un capibara, un lobo, dos linces, cuatro bisontes, un puma y tres avestruces. Se trata de especies que requieren condiciones específicas de cuidado y supervisión técnica constante.
Animales Permanecen Bajo Depósito Administrativo
Aunque fueron asegurados, los ejemplares no fueron trasladados a otro sitio. La Profepa determinó que quedaran bajo depósito administrativo en el mismo predio. Es decir, continúan en el rancho, pero bajo supervisión y con medidas vigentes.
Esta decisión responde a que no se detectaron riesgos inmediatos para su integridad. No obstante, el seguimiento será permanente. La autoridad federal informó que dará continuidad al caso hasta que se presente el Plan de Manejo correspondiente y se acredite la legal posesión de cada ejemplar.
El Plan de Manejo es un documento obligatorio para este tipo de instalaciones. En él se detallan las condiciones de alimentación, salud, reproducción y resguardo de los animales. Además, establece protocolos de emergencia y medidas de bienestar. Sin este instrumento, no es posible operar legalmente un espacio con fauna silvestre o exótica.
Asimismo, la presencia de personal capacitado es clave. El cuidado de jaguares, pumas o linces requiere conocimientos técnicos específicos. Lo mismo ocurre con especies como los lémures o los macacos, que demandan ambientes controlados y atención veterinaria especializada.
Qué Sigue En El Procedimiento
Ahora el propietario del rancho deberá presentar la documentación que respalde la procedencia legal de los animales. También tendrá que gestionar la autorización del Plan de Manejo ante la autoridad ambiental correspondiente. Solo entonces podrían levantarse las medidas precautorias.
Mientras tanto, la Profepa mantendrá vigilancia sobre el sitio. En caso de que no se cumplan los requisitos, podrían aplicarse sanciones administrativas adicionales. Incluso, si se detectaran nuevas irregularidades, el aseguramiento podría derivar en el traslado de los ejemplares a instalaciones autorizadas.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la tenencia de fauna silvestre con fines turísticos. Aunque en algunos espacios se promueve como atractivo, la regulación es estricta. La ley exige permisos, registros y planes claros para garantizar el bienestar animal y la conservación de las especies.
Por ahora, los 44 ejemplares permanecen en el rancho de Jaltomate. La autoridad ambiental continuará el proceso administrativo. Y, como ocurre en estos casos, todo dependerá de que se cumpla con la normativa vigente y se acrediten los requisitos legales.
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