Brasil dio un paso político relevante al colocar la lucha contra el feminicidio como una prioridad de Estado. El anuncio se realizó en Brasilia, donde el presidente, Lula da Silva, encabezó la firma de un pacto nacional junto a los líderes del Poder Judicial y del Congreso. El acuerdo busca coordinar acciones para enfrentar la violencia de género, un problema que continúa creciendo pese al marco legal existente.
En Brasil, en promedio, cuatro mujeres son asesinadas cada día por razones de género. Otras tantas sobreviven a ataques que dejan secuelas físicas y emocionales. Las cifras reflejan que, aunque los homicidios generales han disminuido, los feminicidios siguen una tendencia opuesta y sostenida.
Un Acuerdo Entre Los Tres Poderes
El pacto firmado reúne a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial bajo un mismo compromiso contra el feminicidio. Entre los principales puntos se encuentran la agilización de las medidas de protección, el intercambio de información entre instituciones y la aceleración de procesos judiciales relacionados con violencia de género.
Uno de los énfasis centrales es reducir la impunidad. Las autoridades buscan reforzar las sanciones para quienes violen órdenes de restricción o reincidan en conductas violentas. También se plantea mejorar la respuesta institucional para que las denuncias no se traduzcan en mayor riesgo para las mujeres.
Desde el discurso presidencial se subrayó que la responsabilidad no recae solo en las instituciones. El mandatario hizo un llamado directo a los hombres para asumir un rol activo, no solo evitando la violencia, sino confrontando actitudes machistas normalizadas en la vida cotidiana.
Violencia Que Crece Pese A Las Leyes
Brasil cuenta con un amplio marco jurídico para atender la violencia de género. Cada hora se dictan decenas de medidas de protección. Sin embargo, las agresiones continúan en aumento. En 2025 se registró el mayor número de feminicidios desde que se lleva este conteo oficial.
Especialistas señalan que el problema no es solo legal, sino estructural. La cultura machista, la falta de refugios suficientes y la debilidad en la protección a las denunciantes siguen siendo factores críticos. Denunciar, en muchos casos, expone a las mujeres a mayores riesgos.
Organizaciones civiles han advertido que endurecer penas no siempre se traduce en mayor seguridad. La prevención temprana, la educación y la protección efectiva son señaladas como las herramientas más urgentes para evitar nuevos asesinatos.
Educación, Prevención Y Protección
El pacto también pone énfasis en la educación como estrategia de largo plazo. Desde la infancia, se busca fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad. La idea es intervenir antes de que la violencia se manifieste de forma extrema.
Otro punto clave es la protección inmediata a las víctimas. Activistas y defensoras de derechos humanos han reiterado que los refugios son insuficientes y que muchas mujeres quedan expuestas tras denunciar. Sin redes de apoyo sólidas, la violencia puede escalar rápidamente.
El acuerdo llega en un contexto político complejo, marcado por tensiones entre el gobierno y el Congreso, así como por la cercanía de procesos electorales. Aun así, el consenso alcanzado envía una señal de unidad frente a una crisis que atraviesa todo el país.
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